Comisión de Desarrollo Económico inicia el trámite del veto a la Ley Humanitaria

Quito –
Para este jueves a las 09:00 está convocada la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea para conocer el alcance del veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley urgente de Apoyo Humanitario, en el cual planteó objeciones al 40 % del articulado.

Según el procedimiento legislativo, frente al veto parcial la Asamblea Nacional tiene dos opciones: allanarse o aceptar las objeciones con mayoría simple (que es la mitad más uno de los legisladores que estén presentes en la sesión); o ratificarse en el texto aprobado por el pleno, y para ello necesitará las dos terceras partes de los miembros (91 votos).

El presidente de la Comisión, Esteban Albornoz, de las filas de Alianza PAIS, aspira a presentar hasta el próximo lunes un informe no vinculante para conocimiento del pleno. Consideró que la mayoría de las objeciones son de forma y de redacción antes que de fondo, pues no se elimina ningún artículo sino que se aclara y amplía su aplicación.

El legislador insistió en que no se hacen objeciones profundas al articulado, sino que se incluyen textos que buscan mejorar las relaciones laborales y además apuntalar la estabilidad laboral.

Sin embargo, agregó que se revisará con mayor precisión y detenimiento las observaciones laborales, y destacó que apoyará la propuesta del Ejecutivo de que la reducción salarial, producto de acuerdos mutuos entre el empleador y el trabajador, no puede ser inferior al salario básico.

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Homero Castanier (CREO), vicepresidente de la Comisión, coincidió con Albornoz en que la mayoría de las observaciones del Ejecutivo al proyecto son de forma, pues no cambian el espíritu de la Ley; es más, dijo, en algunos artículos y disposiciones amplía los beneficios de las medidas de solidaridad y reactivación de la economía.

Tomó como ejemplo el tema de las sanciones hacia los empleadores en caso de que mal usen el concepto de fuerza mayor para ejecutar despidos de sus trabajadores; y resaltó que se haya incluido un texto de que esta circunstancia debe ser justificada y determinada por un juez de trabajo.

Su coideario Luis Pachala señaló que la mayoría del veto está planteado para llevar a la Asamblea a un allanamiento, porque se incluyen aspectos para mejorar el respeto a los derechos laborales.

Resaltó la inclusión de la reducción en las pensiones educativas particulares y universidades de hasta el 25 % siempre y cuando los padres justifiquen que no poseen ingresos o perdieron su empleo.

En cambio, Héctor Muñoz (IND) anotó que el veto abre la puerta para más despidos sin indemnización, porque en la causal de la fuerza mayor se amplía su aplicación cuando el contrato entre el empleador y trabajador es “inejecutable”.

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Para el socialcristiano César Rohón no habrá mayores sorpresas en esta etapa de trámite de la Ley Humanitaria, pero señaló que en el tema laboral era innecesaria una norma interpretativa para el artículo 169 del Código de Trabajo, ya que están bien definidas las circunstancias para aplicar las desvinculaciones laborales por ese motivo en las empresas.
Pero criticó el veto respecto a la ampliación del límite de endeudamiento para los Consejos Provinciales, porque puede provocarse un descalabro económico, anotó.

El oficialista Rubén Bustamante consideró que es urgente que la Asamblea se pronuncie lo más pronto posible sobre este veto parcial a la Ley Humanitaria, para evitar abusos en cuanto a la declaración de la fuerza mayor para producir despido de los trabajadores sin las correspondientes indemnizaciones.

Según Guillermo Celi (SUMA), en el veto se mantiene la precarización del trabajo; le preocupan las objeciones aplicadas al proceso concursal para saldar los empleos y precautelar los negocios, pues dijo que se incorpora una figura previa de la mediación, lo cual a su criterio sería inviable.

Cuestionó que en el texto se mantenga la posibilidad de permitir vuelos internacionales directos a Galápagos que, a más de poner en riesgo el ecosistema, afectan al turismo. (I)