En Guayas, Pichincha, Manabí y Los Ríos se ‘disparó’ la entrega de carnés para personas con discapacidad

Quito –
En Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos se «disparó» la entrega de carnés para personas con discapacidad, durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS).

Xavier Torres, titular del CONADIS expuso los procedimientos para otorgar los carnés de discapacidad en una convocatoria de la Comisión Permanente del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional. Ahí reafirmó que solo, durante la emergencia sanitaria, entre el 11 de marzo al 30 de junio del 2020, se emitieron 2920 carnés, pese a que estaba suspendida la calificación y recalificación de una discapacidad.

De estos 2 920, 2 652 fueron nuevas calificaciones y 268 recalificaciones. Y el mayor número de estos documentos se emitieron en Guayas con 1349 nuevas calificaciones, en Pichincha 382, Los Ríos 139, Manabí 107. «Es en donde se disparó» la emisión de los carnés, resaltó Torres, quien pide «respuestas al Ministerio de Salud».

En el periodo de emergencia, se asignaron 1661 carnés por un tipo de discapacidad física. Ahí por ejemplo, de los 1661, 669 carnés se entregaron con un porcentaje determinado del 85% al 100%.

En el tipo de discapacidad intelectual en total se entregaron 586 carnés; auditiva 245; visual 215; psicosocial 213, que suman los 2 920, personas que durante la emergencia sanitaria declararon un tipo de discapacidad.
Torres señaló que desde el 2017 denunciaron en la Fiscalía General irregularidades en la emisión de carnés emitidos en Guayaquil, y se identificaron 497, que habrían sido dado de baja. De estos, 41 pidieron la recalificación, pero también fueron denunciados.

A la Comisión también asistió Lisset Tapia, directora nacional de Discapacidades del Ministerio de Salud Pública, quien reveló que presentaron denuncias en contra de 22 funcionarios y siete usuarios por su presunta participación en la entrega de carnés «fraudulentos».

De las estadísticas presentadas, 22 profesionales tienen expedientes auditados, y han emitido 29 708 carnés, de los que 2 454 serían «fraudulentos» y en proceso de anulación, y en este número se incluyen 210 entregados en la emergencia sanitaria.

En contra de estos 22 funcionarios se presentaron denuncias en la Fiscalía General, así como a los siete usuarios.

Tapia indicó también que durante la emergencia sanitaria se entregaron 3000 carnés, de los que 1 140 están en proceso de anulación, 1 650 en proceso de notificación (de los 210 serían «fraudulentos» y entregados por los 22 funcionarios).

Tras auditar el Sistema Informático en Línea (SIL) que se utiliza para emitir este carné, se observó, según Tapia, que habían expedientes en los que se carecían examenes y certificación de especialistas; se usaba un mismo examen, informe, certificado médico para la calificación de varias personas; o varios campos en el sistema se registraba la misma información de los datos de filiación.
Otros hallazgos, dieron cuenta de que se identificó a funcionarios no acreditados y sin perfil para calificar la discapacidad; había ausencia de documentos que respalden la calificación; porcentajes asignados no guardan relación con lo expuesto en los examenes complementarios y certificados médicos.

Tapia al ser consultada sobre los reclamos ciudadanos de las demoras para entregar el documento, la funcionaria explicó que la tardanza se da porque se requieren certificados médicos actualizados de profesionales de la salud que evalúen el nivel de discapacidad, a lo que se suma la reserva de turnos. Indicó, que los examenes tienen vigencia de seis meses a un año.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Christian Cruz fue llamado a la Mesa para explicar el número de veedurías ciudadanas creadas para observar las investigaciones alrededor de las irregularidades de la entrega de estos documentos, en la que indicó que se convocó a una veeduría en junio pasado.

Aprovechó para defenderse de las críticas ciudadanas por tener un carné con una determinación del 81% de discapacidad visual y auditiva, y aseguró que están siendo «estigmatizados» y aprovechan para hacer «plataforma política».

Pidió que quienes lo acusen de alguna irregularidad «deben demostrar la denuncia». (I)