Jalkh cuestiona validez de documentos en juicio político

La Comisión de Fiscalización se instaló este miércoles 30 de mayo para recibir las pruebas de descargo de Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), y los vocales de esta institución, en el marco del proceso de juicio político que se desarrolla en su contra. La sesión inició con 11 asambleístas presentes. La legisladora Marcela Aguiñaga pidió mediante oficio participar. Los primeros en intervenir fueron los vocales suplentes. María América Dávalos comunicó que es funcionaria de la Defensoría Pública y ha participado esporádicamente en las sesiones del Consejo de la Judicatura y que no ha mantenido funciones específicas en esta función. Dijo que en el caso de error inexcusable, solo participó una vez y votó en contra de un juez. Pidió que se la excluya del juicio político.

Luego intervino Carlos Teodoro Delgado Alonso, quien explicó que no ha sido convocado a ninguna sesión del CJ por un periodo de 18 meses. “No se puede considerar incumplimiento de funciones en un cargo que no ha sido ejercido”, apuntó. Delgado aclaró que no ha recibido notificación del inicio de una investigación y mucho menos de un informe de la Contraloría General del Estado. También solicitó que se lo excluya del juicio político. “Nada tengo que ver”, dijo. Los vocales suplentes Marco Antonio Maldonado y Glenda Calva no participaron, pero enviaron escritos.

Una vez agotado el primer punto, la Comisión de Fiscalización recibió a los vocales principales del Consejo de la Judicatura. El primero en intervenir fue el presidente del organismo, Gustavo Jalkh, quien cuestionó la validez jurídica del documento de Contraloría que constan en la solicitud del juicio político. Jalkh señaló que la supuesta orden de trabajo del informe DAAC-0070-2016 de Contraloría, “tiene formato de síntesis de informe, no de orden de trabajo”. Afirmó que son documentos forzados. “No existe en la página web, Contraloría no avala que es el que reposa en sus archivos”. Añadió que será la Fiscalía la que compruebe quién forzó la prueba.

Jalkh indicó que si dicho informe tuviera valor jurídico, “de ninguna manera demostraría una actuación indebida del Consejo de la Judicatura”, porque la observación no es al concurso, sino el manejo del banco de elegibles”. Respecto a la aplicación de la figura del error inexcusable en los procesos disciplinarios, Jalkh reiteró que las sanciones por esta vía representan un porcentaje mínimo en el universo del ejercicio de la facultad disciplinaria del Consejo. “Aquí no ha habido una aplicación política de la figura del error inexcusable, ni una actitud interesada contra alguien en particular”, añadió. En torno a la competencia disciplinaria del Consejo de la Judicatura, recordó que según la normativa vigente el Consejo es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, es decir, esta disposición le da un carácter exclusivo y excluyente para ejercer la facultad disciplinaria. Insistió en que las sanciones por error inexcusable es absolutamente mínima, con un número de 2.083 jueces en 2017 solo hubo cinco sanciones, lo cual equivale al 0.2 %. En su intervención, el vocal Néstor Arbito, señaló que el informe de Contraloría no establece responsabilidades contra los vocales del CJ, “por lo tanto esta no puede ser prueba para este juicio”. Dijo que un perito concluyó que en un 85% de la firma del documento no corresponde a la de la funcionaria Miriam Cañar del organismo de control. Arbito también dijo que los asambleístas que interpusieron el juicio político deben explicar “cómo accedieron a una síntesis reservada de este informe, sin una orden fiscal”.

En la sesión también intervino la vocal Karina Peralta. Explicó el trabajo realizado por la institución respecto a los avances en oralidad y a la defensa de los derechos de las mujeres. A las 14:00, la sesión continuaba con la intervención de los miembros de la mesa legislativa. (I)