La otra pandemia, la de corrupción en algunos contratos, en su pico

Empresas vinculadas entre sí, algunas con un capital de $ 800 y que han recibido más de un $1 millón, otras ubicadas en sitios marginales donde nadie las conoce. Exfuncionarios públicos y exasesores como proveedores. Hermanos que han captado más de 60 compras y hasta parientes de altas autoridades constan en la ruta de los favorecidos con contratos directos, dentro de la declaratoria de la actual emergencia por la pandemia del Covid-19.

En los 5602 contratos registrados hasta el jueves 11 de junio, que se hicieron públicos tras una resolución del Sercop que difundió los nombres y montos de los contratistas, hay algunos que han sido cuestionados por sobreprecios, por tráfico de influencia, por peculado, entre otros delitos que han desencadenado allanamientos y detenciones como las que se han dado en varias ciudades del país.

Cuando se publican y se hacen transparentes los procesos de emergencia, también se genera una percepción de que se ha desbordado la corrupción. ¿Se desbordó la corrupción o es que estamos transparentando y conociendo?”, plantea Silvana Vallejo, directora del Servicio de Contratación Pública, Sercop.

Sea cual fuera la respuesta, los casos sí han desbordado la capacidad individual de los fiscales para investigar estos contratos. La semana pasada la Fiscalía General creó un equipo denominado Fuerza de Tarea Multidisciplinaria, integrada por 12 fiscales y agentes de apoyo fiscal y policial, para que investigue las denuncias, algunas tratadas como delincuencia organizada. Esto, con el fin de “evitar la impunidad y blindar los procesos ante presiones políticas o conflictos de intereses”.

No hay un cálculo estimado del monto del perjuicio en las compras de emergencia, pero en algunos contratos como la adquisición de fundas de embalaje para cadáveres el sobreprecio superó el 1000%, pues se vendió en $148 cada funda que en el mercado costaba $14.

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“Cómo se puede ser indolente y aprovechar de una situación de emergencia para llenarse los bolsillos”, lamentó Wilson Tenorio, presidente del Colegio de Médicos del Guayas, al rechazar el uso de mecanismos, como el sobreprecio y el direccionamiento de contratos, para timar los recursos del Estado.

El docente y hematólogo de un hospital del IESS, Washington Ladines, calificó de “acto inhumano” la corrupción que se ha destapado en la compra de medicinas e insumos médicos. “Aprovecharse del dolor de la gente para enriquecerse es inhumano, no tiene perdón de Dios”, comentó.
Así como fundas de embalaje, respiradores o mascarillas, las compras emergentes se concentraron en insumos y medicamentos para combatir el coronavirus, pandemia que hasta la fecha ha provocado unas 6200 muertes oficiales, -no totales-, en el país, porque el sistema sanitario colapsó ante la cantidad de afectados y la falta de camas, recursos humanos, médicos y económicos.

Y en esas compras predominaron los sobreprecios. Miguel Palacios Medina, director de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (Alfe), concluyó, tras una revisión que hizo a los procesos de emergencia, que las contrataciones tenían “sobreprecio en la compras en combos y parrillas (método para comprar todo a un solo distribuidor)”. Además, dijo, “no se otorga el descuento del 15% que exige la Ley Orgánica de Salud en ventas al Estado”.

El Sercop también detectó este modus operandi. “Adquirían un combo en donde ponían una lista de insumos, pero resulta que cierto insumo solo lo daba una empresa. Eso es direccionamiento, porque las demás no pueden proveer”. Con el decreto 1033, dice Silvana Vallejo, estas modalidades ya no estarían permitidas sino que se tiene que realizar “un sistema unificado de compras donde se utilizará la subasta inversa corporativa”.

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Las marcadas diferencias de precios se observan en el portal de contratos de emergencia. Por citar un ejemplo, más de 50 instituciones compraron batas quirúrgicas de manga larga descartables, pero los costos por los precios unitarios variaron de una entidad a otra: la dirección distrital de Yacuambi (Zamora) compró en $1,65 mientras que el municipio de Quilanga lo hizo en $11,10. Y variaron también en una misma entidad.

El ministerio de Salud, por ejemplo, pagó $3,6 por las batas de Pedro Quimís, mientras que a Pedro Chicaiza le pagó $2,99. Estos insumos se venden a $2,90 si la compra es por docena en las distribuidoras del centro de Guayaquil, pues por unidad cuestan $3,07.

El hospital general IESS Ceibos también compró, en abril, 240 000 batas manga larga y 10 000 pantallas faciales con presunto sobreprecio de hasta 142% a la firma quiteña Hospilink S.A. creada hace tres años y cuyos ingresos fueron de $ 3,5 millones entre 2017 y 2018.
El Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) denunció ante a la Fiscalía, el 29 de mayo, el supuesto perjuicio al Estado en al menos $500 mil. El hospital, refirió el Cpccs, contrató las batas en $ 4,45 y las pantallas en $9,37, cuando ambos insumos le costaron a otro centro, $2,49 y $3,87, respectivamente. El sobreprecio, según el Consejo, sería del 78%, en las batas, y de 142%, en las pantallas.

Un contratista hospitalario con más de 30 años de experiencia contó que la corrupción se da especialmente en los grandes hospitales. “A mí me descalificaron de un proceso de más de $ 400 mil, cuando esa lista (de medicinas) se haría en menos de $ 200 mil. El que ganó fue por más de $ 400 mil”. No denunció este hecho al Sercop por temor:”Me matan”, dijo el proveedor.

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Los contratos, además, se dieron, en algunos casos, ha contratistas que han sido funcionarios públicos o asesores. A Daniel Hidalgo Vargas, exempleado del IESS, se le asignó la compra de desinfectante médico por $ 275784 en el hospital del IESS de Machala. Luis Sáenz Ronquillo, exasistente de obras en el municipio de Daule, fue elegido por ese cabildo para la construcción de bóvedas en el cementerio general, por $458 765.

“El número al que llamaste no acepta llamadas entrantes”, contesta el teléfono de Saénz Ronquillo cuando este Diario le timbró para entrevistarlo.

Mientras que Hernán Vega Espinoza, quien fue jefe comercial en Austrogas, le vendió al municipio de Alausí (Chimborazo) 5 mil pruebas rápidas de Covid en 86 800, a razón de 17,36 cada kit. Según los precios de otros proveedores, estas pruebas se comercializaron a $ 15, $12 y hasta $ 10, como consta en los datos del Sercop. “Su llamada será transferida al buzón de mensajes”, responde el contacto de Vega.

A Francisco Moreno Vaca, quien laboró en el IESS, Biess, Consejo Electoral y la empresa de Ferrocarriles, el Ministerio de Transporte le asignó un servicio de mantenimiento por $ 610.287. Mientras, Fernando Ronquillo Murrieta, exoficinista del hospital del IESS en Babahoyo, recibió del hospital del IESS de Milagro un contrato por $406 000 para fármacos Covid-19 y otros dos contratos del Municipio de Babahoyo, por $40 000.

Ronquillo, de 34 años, recibió además otro contrato por $517 000 de ese cabildo, pero lo hizo a nombre de su empresa Importadora Jorua S.A., en la que también es socia su esposa Elsy Sandoya, exfuncionaria de un subcentro de salud de Babahoyo. “La Ley lo permite, yo puedo participar como persona natural y como compañía, yo vendo en todos lados”, dijo Ronquillo.

Además, un empleado de Ronquillo, Alfredo Veloz Aviléz, de 21 años, también recibió un contrato de $516.115 de parte del hospital del IESS de Milagro para medicinas. Veloz obtuvo la adjudicación a través de la empresa Farinmed, de la que es socio y que fue creada en febrero pasado. Como persona natural, Veloz recibió otro contrato por $15507 del Municipio de Babahoyo.

Ejemplos como estos hay al menos una veintena, según contabilizó este Diario, los que se suman a los casos de familiares de autoridades que se han hecho públicos las últimas semanas, entre ellos los vinculados al vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, y al prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, relacionados con contratos y a quienes la Fiscalía investiga.

En el primer caso se investiga un contrato para mascarillas por $167 mil en el que se investiga a la sobrina de Guarderas. Ese contrato se adjudicó a la empresa Silverti S.A., la misma que le vendió con sobreprecios las mascarillas al hospital General Ceibos y donde se vincula a Daniel Salcedo, dueño de la empresa H.D.C. Producciones, que ha recibido desde 2012 unos $7 millones en contratos del Estado.
En el caso de Morales, por la investigación fiscal, se le dispuso el uso del grillete electrónico. “Cada uno es responsable de sus actos”, dijo Morales días antes de ser detenido la semana pasada y tras presentar una denuncia para que se investigue a los dos hijos de su esposa, vinculados en la contratación de un muestreo estadístico por $ 90 mil dado a una empresa ligada a su cónyuge.

Entre los contratistas de la emergencia también hay hermanos que en su conjunto han recibido hasta 60 órdenes de compra para la emergencia de salud. Por ejemplo, Gregorio y Teófilo Baque Merchán, ambos contratados como personas naturales pese a ser dueños de tres empresas registradas.

Ellos recibieron del Ministerio de Salud cerca de $ 400 mil para dispositivos médicos y prendas de protección. Otros contratistas son los hermanos Carlos y José García Flores, quienes han recibido de varios municipios orenses unos $70 mil en contratos. Entre 2012 y 2016, Gregorio ha recibido 109 contratos por $6,2 millones.

Los hermanos Carlos Andres y Karla Andrea Andrade Armijos han recibido contratos por unos $250 mil. Tres de esos contratos los recibieron del Ministerio de Salud Pública, del distrito Jaramijó-Manta-Montecristi, donde Carlos Andrés trabajó hasta el año pasado.

Prefectura compró alimentos a proveedor de 22 años, vinculado a grupo Llerena Alvarado
La Prefectura del Guayas compró, durante esta pandemia, alimentos no perecibles por $ 500 500 al proveedor Luis Ubillus Gutierrez, de 22 años, vinculado al grupo de contratistas de Francisco Llerena Alvarado, que junto a proveedores relacionados han recibido $ 8,7 millones en 53 contratos hospitales del IESS y del Ministerio de Salud entre 2012 y 2019.

Ubillus, que no pudo ser contactado por este Diario, se dedica a la venta al por mayor de productos diversos para el consumidor en un establecimiento en la parroquia La Aurora, Daule, según registros del Servicio de Rentas Internas. Esta actividad la inició en marzo de 2017, pero luego consta que reinició el negocio en febrero de este año.

Y tres meses después, el 15 de mayo, Ubillus fue adjudicado por el Gobierno Provincial para la adquisición de alimentos. No hay más detalles de este contrato en el Sercop.

En otro contrato de emergencia aparece la empresa Comercializadora Insumos Hospitalarios Médicos Instrumed S,A., de propiedad del hermano de un exempleado de la Prefectura, que recibió $ 455 000 por la venta de medicinas del hospital Liborio Panchana y un distrito de salud. Esta compra representa el contrato más grande que ha recibido la firma desde que inició actividades en abril de 2018, año en que registró ingresos por $105 mil y que triplicó el año pasado.

“He entregado todo y a precios normales, bajo el techo del Msp”, sostuvo Francisco Hidalgo Huerta, gerente y socio de esta firma. Su hermano Juan José fue coordinador de Despacho de Desarrollo Comunitario de la Prefectura del Guayas entre 2014 y 2018, en la administración de Jimmy Jairala.

Juan José figura como socio de siete empresas, pero solo una está activa, Burkotec. Esta firma recibió un convenio de pago del hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo, en enero de 2018, por $ 676.221, para la compra de 1300 frascos de Factor 8 sólido, medicina que según un informe de Contraloría había en el hospital para unos dos meses más y que, además, habría tenido sobreprecio. La empresa, según Contraloría, pagó por cada frasco $ 186 a un distribuidor, pero lo vendió en $ 520 al hospital.

“Mi hermano, como abogado, hacía compañías y las vendía, como negocio. Una de esas es Burkotec, pero hay gente que las compra y no hace los cambios”, argumentó Hidalgo sin especificar en qué año la vendió. Agregó que su hermano, tras salir de la Prefectura, viajó a España a estudiar una maestría.

Las empresas y lazos familiares que marcan el destino político del prefecto Carlos Luis Morales
Otros tres contratos de la Prefectura, adjudicados en esta emergencia, están siendo investigados por la Fiscalía. Una compra de 70 000 mascarillas, que el Gobierno Provincial adjudicó con un sobreprecio de 123%, según determinó Contraloría, entidad que también identificó la misma irregularidad en la adquisición de 5000 pruebas rápidas para detectar COVID-19 y en la proyección estadística a través de muestreo aleatorio de tomas de pruebas rápidas COVID-19.

El prefecto Carlos Luis Morales y su entorno familiar también están siendo investigados por presuntamente estar relacionados con el proveedor del muestreo, la compañía Zerasamiz S.A., cuyo presidente es Francisco Hermelindo Velásquez Castro, de 76 años, quien vive en una humilde casa en el sur de Guayaquil.

Zerasamiz S.A. presentó sus registros financieros en hojas que tienen el membrete de la empresa relacionada Marcauto S.A. El propietario de esta última es Xavier Vélez Arcos, hijastro del prefecto Morales.

Vélez y su padre, Xavier Vélez Velásquez, figuran como presidente y gerente de la empresa Renoyca S.A., la misma que recibió cuatro contratos por $611027 de la Dirección de Deportes de la Prefectura en 2015 y 2016.

Los dueños de Renoyca S.A. son otras empresas. Se trata de Cintialand S.A. y Empresas Jab S.A. Esta última compañía está domiciliada en Panamá y en ella figura como apoderado Andrés Vélez Arcos, otro hijastro del Prefecto.
Este Diario solicitó una entrevista con el prefecto Morales, pero no la aceptó, por las investigaciones que realiza la Fiscalía y Contraloría sobre los procesos contratados durante esta emergencia sanitaria. “El prefecto Carlos Luis Morales no se puede pronunciar sobre esos temas. Cualquier información por favor solicitarla a las mencionadas instituciones públicas”, dice el correo enviado por uno de sus comunicadores.

La prefectura del Guayas ha contratado $ 5,6 millones durante esta pandemia, de acuerdo a registros del Sercop. Sin embargo, el prefecto Morales autorizó el inicio de la terminación unilateral de todos los contratos de emergencia el 22 de mayo. (I)