Malla curricular escolar tendrá nuevos contenidos con Ley sobre Ciberseguridad aprobada en la Asamblea

Las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana (RC) tampoco pudieron ponerse de acuerdo el 10 de febrero de 2026 en la aprobación de un paquete de reformas sobre Ciberseguridad que, en el papel, parece beneficioso.

La propuesta trabajada por la Comisión de Seguridad de la Asamblea hace cambios a seis leyes vigentes. Las principales: Ley de Transformación Digital y Visual: Ley de Educación Intercultural;  y Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

La asambleísta oficialista y presidenta de la mesa de Seguridad, Inés Alarcón, destacó que la reforma crea un catálogo nacional de servicios que se considerarán esenciales y de estructuras críticas, con las que el país no cuenta en la actualidad.

Además, que se establecen plazos de hasta 78 horas para que entidades públicas y privadas, que manejan plataformas tecnológicas con información ciudadana, reporten a las autoridades pertinentes incidentes o ataques.

Sin embargo, Alarcón aclaró que se establece una garantía para que la notificación como tal no constituya de por sí una prueba de negligencia. Esto para que las empresas privadas o públicas no teman hacer el reporte.

La falta de una notificación oportuna y otras acciones u omisiones que puedan generar un problema mayor si serán sancionadas con la siguiente escala:

Infracciones Leves

Se considera infracción leve retrasar la actualización de políticas, planes o protocolos de ciberseguridad sin generar impacto operativo. Omitir reportes periódicos o notificaciones menores a la autoridad competente.
La sanción para el funcionario público será una multa de uno (1) a diez (10) salarios básicos unificados. Para empresas privadas o públicas, se aplicará una multa de entre el 0.1% y el 0.7% calculada sobre su volumen de negocio.

Infracciones graves

No implementar la política y estrategia de ciberseguridad; ocultar incidentes significativos que afecten la integridad de sistemas; obstaculizar verificaciones técnicas o auditorías dispuestas; reincidir en infracciones leves.
Los funcionarios del sector público serán sancionados con una multa de entre 10 a 20 salarios básicos unificados. A las empresas privadas o públicas se aplicará una multa de entre el 0.7% y el 1% sobre su volumen de negocios.
Infracciones muy graves

Ocultar incidentes críticos o comprometer la integridad de la información; no informar a la autoridad competente eventos de ataque cibernéticos que afecten derechos de terceros; negarse a cooperar con la autoridad o manipular evidencia; destruir registros digitales o incumplir planes de resiliencia en infraestructura crítica
La multa en este caso para funcionarios públicos puede ser de entre 20 a 40 salarios básicos, sin perjuicio de otras acciones. Para empresas públicas y privadas se aplicará una multa de entre el 1% y el 1.5% calculada sobre su volumen de negocios.

Alfabetización en seguridad digital
Otro de los aspectos que se destacó de la ley en el debate del martes 10 de febrero de 2026, al menos del lado de ADN, fue la inclusión de materias en la malla curricular para prevenir y enfrentar los peligros cibernéticos.