El hallazgo de un cuerpo sin vida en la vía Las Mercedes–Los Bancos, en el sector Libertad del Toachi, vuelve a encender las alertas sobre una práctica delictiva recurrente: abandonar víctimas de muertes violentas en jurisdicciones distintas a donde se cometen los crímenes. Aunque la Policía reporta una reducción en estos casos, la problemática persiste en las vías estatales de Santo Domingo de los Tsáchilas.

El expresidente Rafael Correa, en su cuenta de X, manifestó que “adelantaron ilegalmente elecciones. Proscribieron a la RC5. Han proscrito a cuatro alcaldes de capitales provinciales que iban a la reelección. Y ahora vuelven a proscribir el partido Amigo -listas 16- con el que íbamos a participar en las Elecciones Seccionales. ¿Permitirá Ecuador, Latinoamérica y el mundo este escandaloso asalto a la democracia?”

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón Caranqui, publicó un video en redes sociales para criticar la medida tomada por el TCE. “Lo que pasó hoy en Ecuador debería preocupar a cualquier demócrata”. Enfatizó que suspendieron al Movimiento Amigo. Con ello, la principal fuerza de oposición vuelve a quedarse sin la posibilidad de competir. “Esto no es democracia: es tiranía”.

Hacemos un llamado a todas las autoridades, instituciones y sectores democráticos del país para que defiendan las garantías de participación política. A los adversarios se los derrota en las urnas, no se los elimina de la competencia. Hizo un llamado a la comunidad internacional para que no se normalice lo que está pasando y no se utilice a las instituciones para debilitar a los adversarios.

El concejal de Quito, Adrián Ibarra, también cuestionó a las autoridades. “Cuando un gobierno usa las instituciones para sacar del camino a quienes pueden disputarle el poder, deja de competir en las urnas y empieza a imponer su voluntad”. Hoy -añadió el funcionario- es una organización política; mañana puede ser cualquier voz que incomode al poder. “La democracia se defiende respetando la voluntad popular, no manipulando el tablero electoral”.

Críticas al TCE y Noboa

El asambleísta Ricardo Patiño, una de las figuras fuertes del correísmo, también opinó en redes sociales. “Nos quieren hacer creer que todo esto son hechos aislados, pero ya es imposible no ver el patrón. Primero proscribieron a la Revolución Ciudadana. Después le arrebataron a RETO a una de las principales figuras de la oposición”.

Luego, bloquearon la revocatoria de mandato contra Daniel Noboa y ahora suspenden al movimiento Amigo, justo cuando el proceso electoral ya está en marcha. La asambleísta Viviana Veloz escribió en la misma red social: “Hay que decirlo con total claridad: nos están robando las elecciones. Lo hacen en complicidad con quienes deberían ser árbitros imparciales del proceso electoral, porque saben que no pueden ganarnos en las urnas”.

La excandidata presidencial Luisa González Alcívar expresó que mientras Noboa, Reimberg y Alarcón se dedican a perseguir políticos y suspender partidos, los niños y familias viven la violencia sin que a este Gobierno le importe en lo más mínimo.

Rivadeneira expresa confianza

La presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, expresó su confianza en que los candidatos de su organización participarán en las próximas elecciones, pese a la suspensión del movimiento Amigo por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

En una entrevista con el medio digital ‘Outsiders’, Rivadeneira sostuvo que las alianzas inscritas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) permitirán la inscripción de las candidaturas de su organización.

“Nuestras candidaturas serán inscritas para este proceso electoral”, afirmó la dirigente, quien aseguró que la Revolución Ciudadana se preparó para “todos estos escenarios”.

No obstante, calificó como un hecho “inédito” la decisión del TCE de suspender por nueve meses a Amigo

Stone, conocida por promover el movimiento tradwife, esposa tradicional, argumentó que «el matrimonio funciona como una sola unidad», por lo que, a su juicio, el hombre debería asumir también la representación política de la familia. Aunque la iniciativa no forma parte de ningún proyecto de ley ni se debate en el Congreso de Estados Unidos, sus declaraciones se viralizaron rápidamente y generaron una fuerte controversia.

El debate se produjo en un escenario que llamó la atención por su aparente contradicción: una cumbre dedicada al liderazgo femenino. El encuentro fue encabezado por Erika Kirk, actual directora de Turning Point USA y viuda de su fundador, Charlie Kirk, asesinado en 2025. Si bien Kirk no promovió públicamente la eliminación del voto femenino, sí incluyó a Stone entre las principales conferencistas del evento. Durante la cumbre, varias asistentes manifestaron que estarían dispuestas a renunciar voluntariamente a su voto porque consideran que comparten los mismos principios políticos y religiosos que sus esposos, reforzando así el discurso del denominado «voto por hogar».

La discusión también volvió a poner bajo los reflectores al movimiento tradwife, una corriente que promueve el regreso a los roles tradicionales dentro del matrimonio, donde el hombre asume el papel de proveedor y la mujer prioriza el cuidado del hogar y de los hijos. En los últimos años, esta tendencia ha ganado millones de seguidores en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde creadoras de contenido muestran ese estilo de vida como una elección personal. Sin embargo, especialistas en estudios de género han cuestionado el fenómeno al señalar que muchas de estas influencers alcanzan independencia económica gracias a las redes sociales mientras promueven un modelo en el que otras mujeres deberían abandonar el trabajo remunerado para dedicarse exclusivamente al ámbito doméstico.

Las declaraciones de Stone también reactivaron un debate más amplio sobre el rumbo de los derechos de las mujeres en Estados Unidos. Para activistas y defensoras de los derechos civiles, el hecho de que una propuesta como el «voto por hogar» haya ganado visibilidad en un foro nacional evidencia que ciertas discusiones consideradas superadas pueden volver al espacio público. La controversia, alimentada por miles de publicaciones en redes sociales, convirtió a la cumbre en uno de los temas políticos más comentados de los últimos días y abrió un nuevo debate sobre los límites entre la defensa de los valores tradicionales y la autonomía política de las mujeres.

En una misma sesión de concejo, el alcalde Wilson Erazo y la concejal Liliana Silva marcaron un giro en el escenario político de Santo Domingo de los Tsáchilas al anunciar sus renuncias a sus respectivas aspiraciones y funciones. Mientras el alcalde desistió de su precandidatura a la Viceprefectura, Silva dejó su curul para encaminarse a la carrera por la Alcaldía, en medio de muestras de apoyo y expectativa ciudadana.

El incremento de extorsiones en Santo Domingo de los Tsáchilas enciende las alertas de autoridades y sectores productivos. Entre el 1 de enero y el 26 de junio de 2026 se registraron 143 casos, frente a 87 en el mismo periodo de 2025, mientras que el ECU-911 reporta un total de 157 denuncias en lo que va del año. Ante este panorama, la Policía Nacional refuerza estrategias para incentivar la denuncia ciudadana, incluso de forma anónima.

Padres de familia cuestionan la calidad de la alimentación escolar que reciben los estudiantes, señalando que muchos productos no son consumidos y terminan siendo reemplazados por comida comprada en los exteriores de las instituciones. Mientras tanto, autoridades anuncian el proyecto de alimentación escolar con un nuevo modelo de comida caliente que busca garantizar una nutrición adecuada

En sesión ordinaria, la tarde de este martes 14 de julio de 2026, los vocales del CJ conocieron un informe técnico que constata que existe una brecha de 729 jueces en la Función Judicial y que el 54 % de las dependencias a escala nacional se encuentra en estado crítico y de alerta por haber sobrepasado su capacidad máxima en el despacho de causas.

El documento detalla que en Ecuador existen 437 dependencias judiciales con 1.765 jueces activos en diversas instancias; sin embargo, señala que la Judicatura no dispone de un banco de elegibles que permita cubrir la brecha de jueces en todo el país.

El texto resalta que esta brecha se debe a que desde el 2017 no se han priorizado concursos públicos ni se han asignado los recursos económicos necesarios para aprobar los concursos públicos por parte del Ministerio de Finanzas.

Con estos antecedentes, el documento dispone implementar un proceso interno de designación temporal de jueces de Unidad Judicial, pero aclara que este procedimiento no generará estabilidad laboral permanente y está dirigido exclusivamente a los servidores, secretarios y ayudantes judiciales con más de cinco años de antigüedad en funciones que superen los requisitos. El informe precisa que el universo potencial para postular asciende a 1.251 secretarios y 1.833 ayudantes judiciales a escala nacional.

Entre los requisitos mínimos que deben cumplir los aspirantes a jueces temporales están el título de abogado, experiencia profesional, capacitación judicial y la total ausencia de sanciones disciplinarias vigentes o inhabilitaciones de cargo público.La resolución aprobada por la Judicatura recalca que los magistrados temporales designados conformarán un banco temporal de elegibles y deberán someterse a un curso obligatorio de formación en la Escuela de la Función Judicial antes de su posesión.

El Consejo de la Judicatura dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano que, en el plazo de diez días, presente la metodología aplicable para la selección de jueces temporales de Unidad Judicial; de juezas y jueces de lo Contencioso Administrativo y Tributario; de lo Contencioso Administrativo; y de lo Contencioso Tributario, a nivel nacional.

Asimismo, se dio un plazo de diez días a la misma dirección para que realice las acciones administrativas necesarias para obtener la aceptación de los jueces que constan en el banco de elegibles de los jueces con competencia en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado para que sean designados jueces titulares de Corte Provincial con competencia en materia penal, en la circunscripción territorial donde exista la necesidad.

Talento Humano, la Dirección Nacional de Gestión Procesal y las direcciones provinciales de la Judicatura también deberán elaborar y remitir los informes técnicos que sustenten la viabilidad del traslado y/o encargos de los jueces cuyas judicaturas registren una baja carga procesal hacia unidades judiciales de la misma circunscripción territorial que presenten un estado crítico de carga procesal o el encargo de estas; para esto, se fijó un plazo de quince días.

Mientras tanto, la Dirección General del CJ, en coordinación con las Direcciones Nacionales de Gestión Procesal, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Administrativa, Planificación, Financiera y de Talento Humano, deberá presentar, en el plazo de un mes, una propuesta que contenga el plan integral de citaciones.

Asimismo, en un mes, la Dirección General, en coordinación con las Direcciones Nacionales de Talento Humano y Asesoría Jurídica, deberá presentar un informe sobre la situación técnica y jurídica del concurso público de méritos y oposición para conformar los bancos de elegibles de la carrera judicial jurisdiccional a escala nacional.

Por su parte, la Dirección Nacional Administrativa, en el plazo de quince días, tendrá que presentar un diagnóstico técnico y necesidades operativas y financieras para el personal que se incorpore como servidores temporales. (I)

Su pronunciamiento se produce después de que se diera a conocer su posible participación en la fórmula electoral del movimiento Construir, lista 100, junto a Ximena Toro.

Los detalles de la visita de Peña fueron materia de conversación de un encuentro entre el canciller de Ecuador, Roberto Kury, y el embajador de Paraguay en Quito, Roberto Benítez, quienes se reunieron en el Palacio de Najas, sede de la Cancillería ecuatoriana.

El ministro ecuatoriano y el embajador paraguayo también conversaron sobre la siguiente reunión de la Comisión Permanente de Consultas Políticas entre ambos países, así como de asuntos de la agenda bilateral como seguridad, comercio, inversiones y cooperación, según señaló el Ministerio de Exteriores.

La visita de Peña a Quito está programada para el 29 de julio, tras ser acordada por ambos presidentes durante la última cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), celebrada en Luque (Paraguay) el pasado 30 de junio.

Tanto Peña como el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, coincidirán probablemente el día previo en Lima para la investidura presidencial de Keiko Fujimori, que asumirá el cargo de presidenta de Perú el próximo 28 de julio, en una ceremonia a la que ambos presidentes confirmaron su asistencia, según fuentes de la Cancillería peruana.

El Tribunal de Garantías Penales que conoció el caso les impuso la pena máxima agravada de 29 años y cuatro meses de privación de libertad.

Los magistrados dispusieron medidas de reparación integral a favor de la víctima. Entre ellas, el pago de USD 2 000 por parte de cada sentenciado y tratamiento psicológico en la red de salud pública. Además, deberán pagar una multa de 600 salarios básicos unificados, cada uno, a favor de la administración de justicia. Se les dispuso la prohibición de enajenar bienes y la suspensión de sus derechos de ciudadanía.

Los hechos

La tarde del 12 de enero de 2024 -indicó Fiscalía- la víctima se encontraba en un local comercial de Francisco de Orellana junto con varias amigas. Los implicados identificaron y aprovecharon la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima y, al no poder resistirse, la trasladaron en un vehículo y cometieron el delito.

La investigación de la fiscal especializada en violencia de género determinó que la víctima fue auxiliada inmediatamente después. Su testimonio anticipado —en el que identificó a los agresores— fue corroborado con los informes periciales médico-legales, psicológicos y de trabajo social, así como con los testimonios de los agentes policiales y demás pruebas practicadas durante el juicio.

El fallo condenatorio dispone que, una vez ejecutoriado, si los sentenciados no comparecen voluntariamente a cumplir la pena, se ordenará su localización y captura para su ingreso al centro de privación de libertad.

El Tribunal fundamentó su decisión en la valoración de la prueba presentada durante la audiencia de juicio y concluyó que Alcides M. y José K., actuaron con dolo y aprovechándose de que la víctima se encontraba privada de la capacidad de resistirse.