Fiscalía protege sus instalaciones por alertas de posibles ataques | Política | Noticias

El edificio de la Fiscalía General del Estado está rodeado de vallas metálicas, vehículos y personal de la fuerza pública armado.

Desde la semana anterior y en medio de las festividades por el Fin de Año, el inmueble de la Fiscalía, ubicado en la avenida Patria, al centro norte de Quito, luce protegida de un centenar de mallas metálicas que restringen el acceso, vehículos antimotines tácticos y motorizados y miembros de la Policía Nacional.

La institución no se ha pronunciado sobre estas medidas de seguridad, pero extraoficialmente se conoció que el nivel de riesgo de la seguridad de la fiscal Salazar había incrementado a un 100% y hay alertas de posibles atentados en su contra, la de funcionarios y de sus familiares.

Esto ocurre tras las investigaciones judiciales que lidera la fiscal General, Diana Salazar en el caso Metástasis, relacionado con el narcotráfico y el caso Independencia judicial.

Por estos dos procedimientos, dos autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ) están detenidas para investigaciones en la cárcel 4 de Quito: Wilman Terán, que renunció a la presidencia del organismo y es procesado por el caso Metástasis e Independencia Judicial; y, Xavier Muñoz, que fue detenido la madrugada del 28 de diciembre por el proceso de Independencia judicial.

El caso Metástasis se funda en el descubrimiento de una estructura criminal liderada por Leandro Norero, asesinado en la cárcel de Latacunga en octubre del 2022 y procesado por lavado de activos y narcotráfico, que presuntamente pagaba simas de dinero a jueces, fiscales, abogados en libre ejercicio, policías, entre otros, para obtener protección y fallos judiciales a favor de sus familiares y cercanos.

El caso bautizado como ‘Independencia judicial’ por la Fiscalía tiene origen en mayo pasado, cuando en una sesión del pleno del CJ, con apenas dos de cinco vocales, Wilman Terán y Xavier Muñoz, se resolvió suspender al juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Walter Marcías, que fue también destituido con el mismo mecanismo.

El magistrado, que fue restituido en su cargo por efectos de una acción de protección, sustancia el proceso penal por presunto tráfico de influencias en el que fueron llamados a juicio Maribel Barreno y Juan José Morillo, exvocales de la Judicatura, que fueron inhabilitados para ejercer cargo público por su posible implicación en estos hechos. (I)