La cocaína, el negocio que mueve a las organizaciones criminales a propagar el terrorismo en Ecuador | Seguridad | Noticias
Escrito por dh8fm el enero 19, 2024
La irrupción de un grupo armado a las instalaciones de un canal de televisión, la retención de funcionarios públicos en las cárceles, la incineración de vehículos y una serie de ataques, que causaron la muerte de al menos doce personas en Guayaquil, marcaron una jornada de terror el pasado 9 de enero. Ese día, los ecuatorianos se refugiaron en sus casas y lugares de trabajo, intentando escapar de una escalada de violencia criminal que alcanzó niveles de terrorismo y que -según expertos- se expandió desde Esmeraldas, financiada por el narcotráfico, a partir del 2018.
Ese año, el país se conmocionó por los atentados con explosivos en dos cuarteles de Mataje y San Lorenzo (Esmeraldas), que dejaron a tres infantes de marina fallecidos y catorce policías heridos; y, también, por el secuestro y asesinato de un equipo periodístico de diario El Comercio, retenido por el Frente Oliver Sinisterra, disidente de las FARC, mientras realizaba un reportaje en la frontera de Ecuador con Colombia.
“Ahí se empezaron a ver actos terroristas, delincuenciales-terroristas que buscaban generar terror en la población”, refiere el experto en seguridad Daniel Pontón, profesor de posgrado del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), quien considera que en el país había violencia, pero “no como ahora, no con esa crueldad”.
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El investigador social Freddy Avilés coincide en que la espiral de violencia escaló a niveles de ‘terrorismo’ desde el 2018 a causa del constante ‘desmantelamiento’ de la seguridad en el país. “Se redujeron los presupuestos de seguridad, los planes en las cárceles no se ejecutaron más del 5 %, no se equipó a las fuerzas de seguridad”, indica y cuestiona que no se haya comprado armamento e inhibidores de señal para evitar las comunicaciones dentro de las cárceles. “Hubo un continuo debilitamiento de la seguridad del Estado”. A esto, el experto en seguridad nacional Carlos Sevillano añade que el país se convirtió en un ‘corredor’ de las bandas criminales que “en los últimos siete años encontraron un lugar de descanso, de acopio de droga y armamento”.
El terrorismo, definido como la ‘sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror’ y la actuación criminal de bandas organizadas que pretende ‘crear alarma social con fines políticos’, está tipificado en el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) como “la persona que individualmente o formando asociaciones armadas provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos”.
Hechos con estas características los ha experimentado el país desde hace cuatro décadas, pero de manera esporádica: una bomba explotó en el edificio de un periódico de Guayaquil (1977); un atentado se reportó en la embajada de Israel (1982); el grupo Alfaro Vive Carajo (AVC) se tomó radios en Quito y Guayaquil para advertir su oposición al régimen entrante de León Febres-Cordero y, además, irrumpió con unos 30 insurgentes armados a diario Hoy de Quito para obligar a publicar información de esa agrupación insurgente (1984); un periodista resultó herido al explotar el casete bomba que le enviaron a TC Televisión (2000); y bombas panfletarias se detonaron en los exteriores de dos diario guayaquileños y de una sede política (2015).
Pero, a partir del 2018, estos actos considerados terroristas se han multiplicado de una manera alarmante por las disputas de territorio para captar las ganancias de la droga en el país. La cocaína, motor de la economía ilegal de las agrupaciones delictivas, ha provocado más de un centenar de sucesos violentos con explosivos y ha generado zozobra en la población. Con bombas, atentados, sicariatos y amenazas, las organizaciones criminales han penetrado en la sociedad no solo para el tráfico de drogas sino también para implantar las llamadas ‘vacunas’ o extorsiones a pequeños comerciantes y grandes empresas.
En 2019, por ejemplo, se registraron las primeras masacres carcelarias y hubo varios atentados en la Universidad de Guayaquil; en 2021, dos explosiones de bombas se reportaron en contra de una unidad de la Policía y de una dependencia de la Fiscalía de Guayas; y en 2022 hubo más de un centenar de eventos, como colgados en puentes, explosiones en contra de un asadero de pollo de Pascuales (Guayaquil), de varios locales comerciales, de un barrio del sector Cristo del Consuelo (Guayaquil) -en donde murieron cinco personas y una veintena más resultó herida-, en la vivienda de un periodista de diario Expreso (Guayaquil), ataques en contra de dependencias policiales y de un centro de salud, coches bomba y explosiones de vehículos cerca de gasolineras en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.
El último año 2023 continuó esta escalada de violencia terrorista al colocar explosivos en el cuerpo de un guardia de seguridad de una joyería en Sauces 9 (Guayaquil), en locales comerciales -ferreterías, distribuidora de bebidas, entre otros- que se niegan a pagar ‘vacunas’ a grupos criminales que los extorsionan, y en un pendrive que recibió un periodista de Ecuavisa. También, actos intimidatorios y extorsivos con armas y explosivos registrados en localidad de Chinapintza de la parroquia Nuevo Quito (Quito) fueron considerados terroristas a miembros de un grupo criminal que amedrentaba a esa población.
Este nivel de violencia se desbordó en las calles, luego de la desarticulación de las organizaciones de crimen organizado que trabajaron en aparente ‘armonía’ hasta el 2020, bajo el mando de la agrupación Los Choneros. Con el asesinato de su cabecilla, Jorge Luis Zambrano, alias JL o Rasquiña, se desató un conflicto entre bandas delictivas, finalizando así -considera el especialista en seguridad Renato Rivera- el monopolio narcocriminal de esa organización, que tenía como ‘brazos armados’ a los Chonekillers, Tiguerones, Lobos, entre otras. “Producto de esta fragmentación tienes una ola de violencia que aún no ha parado”, refiere el coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
El monopolio al que se refiere Rivera se afianzó entre el 2010 y 2020, época considerada como parte de la cuarta generación de la violencia y del narcotráfico. Las tres anteriores se registraron, según fuentes policiales, entre las décadas de los 80 y el 2010: en la primera, en los 80 había pocas bandas de robacarros, asaltantes de bancos y viviendas y el vecino país de Colombia dominaba desde la producción hasta la comercialización internacional; en la segunda, en los 90, cuando los carteles colombianos crean alianzas con los mexicanos y empiezan a crear contactos en Ecuador; en la tercera, en los 2000, el país ya era parte de la plataforma logística de grupos transnacionales a través de bandas pequeñas y tenían redes que penetraron en dependencias el Estado -como se evidenció tras el bombardeo ocurrido en Angostura (Sucumbíos)-; y en la cuarta generación, desde 2010, la Policía ya tenía identificadas a las organizaciones locales, como Choneros, y sus subgrupos Tiguerones (Esmeraldas), Lobos (Azuay, El Oro, Santo Domingo) y Chone Killers (Durán, Guayaquil), que en los últimos años se han expandido a otras provincias, al servicio de carteles mexicanos y colombianos.
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Actualmente, coinciden los expertos, ya estaríamos atravesando una quinta generación de violencia, ligada principalmente al narcotráfico, ‘negocio’ que ha crecido a la par de las incautaciones. Entre 2020 y 2023 cerca de 800 toneladas de droga, en un 89 % clorhidrato de cocaína, han sido decomisadas por la Policía. Aunque, puntualiza el experto Renato Rivera, “el hecho de incautar más droga jamás genera una pérdida a la rentabilidad del narcotráfico (…), se manejan mucho por relación de oferta y demanda, y mientras más demandas tengas es normal que tengas mayores decomisos, porque estás produciendo más”.
La expansión de la violencia ha sido “extremadamente acelerado”, como un virus o el cáncer, califica Pontón y explica: “Se propaga como metástasis. No solo se queda en grupos criminales sino que se irradia a la sociedad -con sicariatos, homicidios y femicidios-, es una violencia creciente, explosiva”.
Tanto así que, al finalizar el año 2023, Ecuador se convirtió en el país más violento de la región. Alcanzó una cifra récord de 7.878 muertes violentas y una tasa de 46,5 asesinatos por cada 100.000 habitantes. A diario, 21 personas son asesinadas en el país, en su mayoría a manos de agrupaciones criminales. 22 de ellas fueron catalogadas como ‘terroristas’ y consideradas como ‘objetivo militar’, en el decreto presidencial 111, firmado el 9 de enero, luego de una jornada de actos terroristas en varias ciudades del país.
Ecuador ha sido “víctima colateral de una disputa de territorio para actividades de narcotráfico”, considera Carlos Sevillano, experto en seguridad nacional. Aunque, en estas primeras dos semanas del 2024, se ha evidenciado -según coinciden los expertos- el cambio de objetivo de las bandas criminales: la confrontación es, ahora, contra el Estado y la sociedad. (I)