María Fernanda Cobo M.: Sociedad política militarizada | Columnistas | Opinión
Escrito por dh8fm el febrero 1, 2024
Recuperar la seguridad pública a través del equilibrio institucional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en un conflicto armado interno puede convertir al discurso político en una retórica militar propia del populismo punitivo ejercido desde la fuerza del Estado. Una fórmula política que inicia con una importante aceptación popular, corriendo el riesgo de revertirse o intensificarse por la presión del tiempo electoral.
Este discurso militar punitivo se materializa en la propuesta de consulta popular del Ejecutivo, donde se plantea que las Fuerzas Armadas colaboren activamente en el control de nuestra seguridad interna, que aumenten las penas por delitos vinculados al narcotráfico y delincuencia organizada, y que si un policía dispara y mata a un delincuente no vaya a la prisión mientras se investigan los hechos. También se activa a través de los decretos ejecutivos relacionados al conflicto armado no internacional, a la calificación de los grupos armados como terroristas y al objetivo de neutralizar a enemigos del Estado, imponiendo un estado de excepción, un estado de guerra.
La aceptación popular de este discurso político militarizado se refleja en la alta valoración ciudadana al Ejecutivo, así como a las Fuerzas Armadas al identificarlas como leales, profesionales, patriotas y más preparadas para combatir al crimen organizado, mientras que la Policía Nacional es percibida como una institución poco profesional y con débiles capacidades para garantizar la seguridad ciudadana. Sin considerar que la corrupción en ambas instituciones puede debilitar su legitimidad ante la ciudadanía y la comunidad internacional.
Politizar la seguridad pública y militarizar la política es un riesgo nacional. Si bien el Estado ejerce el monopolio del uso de la fuerza o legítima violencia, las Fuerzas Armadas se convertirían en el brazo armado del Gobierno para luchar contra el crimen organizado sin un marco legal claro, con controles flexibles y una mínima rendición de cuentas, cuando el Estado está obligado constitucionalmente y por acuerdos internacionales a hacer un uso extraordinario, fiscalizado y subordinado del ejército. Un riesgo en el que el proceso de militarización se normalice y sea aceptado por la sociedad como una regla y no una excepción, que garantice permanente nuestra seguridad interna.
Esta proximidad entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas, muy común en América Latina, ha permitido que la política instrumentalice a los militares, o viceversa, para alcanzar control político y objetivos electorales, a tal punto de convertir la simbología militar y el discurso de guerra en la bandera electoral como vínculo de la identidad nacional, la unidad y la seguridad ciudadana, poniendo en riesgo la autonomía de la institución militar respecto al poder civil, el sistema democrático y el Estado de derecho.
Privilegiar la retórica militarista en el discurso político abre el próximo periodo electoral en un contexto de guerra; donde el fuego cruzado entre las diferentes fuerzas políticas puede marcar una confrontación abierta y directa contra el enemigo político a vencer. Una gran batalla por ganar. (O)
