Asambleísta de gobierno pide investigar supuesta vinculación del legislador Camilo Salinas con compañía contratista del Estado | Política | Noticias

La legisladora de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), Inés Alarcón, pidió a la Contraloría General del Estado inicie un examen especial a la compañía Centro de Especializadas Nefrológicas Babahoyo, Cenesba C.Ltda, que tiene contratos con el Estado y en cuyo directorio consta el asambleísta representante de Los Ríos, Camilo Salinas Ochoa, de la bancada Construye.

El pedido lo formuló este 26 de abril, donde la legisladora oficialista mostró como antecedente que en dicha compañía aparece el legislador Camilo Salinas Ochoa, como presidente de la empresa Cenesba, lo cual prohíbe la Constitución y la ley orgánica de la Función Legislativa.

Inés Alarcón, dijo que se trata de más de un asambleísta que sería parte del directorio de la compañía y que en las investigaciones se determinará el grado de vinculación, lo cual podría devenir en una destitución del cargo de los legisladores.

La ley orgánica de la Función Legislativa en su artículo 163, prohíbe a los asambleístas a integrar directorios de otros cuerpos colegiados de instituciones o empresas en las que tenga participación el Estado, y quien incumpla alguna de estas prohibiciones perderá la calidad de asambleístas luego de trámite respectivo.

Alarcón afirmó que la denuncia llegó a su despacho y por esa razón realizó el pedido al contralor, Mauricio Torres Maldonado, y anunció que también realizará una denuncia ante el Comité de Ética del Parlamento para que se investigue y de comprobarse la vinculación con la empresa contratista con el Estado se proceda a su destitución.

La denunciante comentó que según la información que llegó a su despacho es que el asambleísta ejercía el cargo para gestionar contratos con el Estado, y claramente podría haber un conflicto de intereses, “porque se está contratando con el Estado aprovechando del cargo el que ocupa en este momento”.

El contralor Mauricio Torres, manifestó que el primer paso será realizar una verificación preliminar que llevará dos semanas donde se determinará si amerita o no un examen, y en el momento que se establezca que amerita un examen se realizará una orden de trabajo que aproximadamente dura 180 días y con eso, se podrá determinar si existe responsabilidades civiles e inclusive indicios de responsabilidades penales. (I)