Esposa de Bucaram presenta habeas corpus para impedir detención del expresidente
Escrito por FlamaPlus el septiembre 6, 2026
María Rosa Pulley Vergara, esposa del expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, presentó en Guayaquil una acción de habeas corpus en favor de su cónyuge. Con este recurso judicial, Pulley solicita que Bucaram no sea aprehendido, que se declare la vulneración de su derecho a la salud y que se le conceda un periodo de recuperación debido a las afecciones que padece.
La acción fue presentada la tarde de este viernes 4 de septiembre y está dirigida contra el tribunal que juzga a Bucaram en Quito por el presunto delito de delincuencia organizada. En este proceso también son investigados su hijo, Jacobo Bucaram, y otras dos personas.
El caso se remonta a 2020 y está relacionado con la presunta comercialización irregular de pruebas para detectar covid-19 y otros insumos médicos.
El jueves 3 de septiembre, el tribunal de Quito ordenó la detención del expresidente para que pueda comparecer a la audiencia de lectura de sentencia, después de que no se presentara en seis ocasiones a esta diligencia.
La lectura del fallo no puede realizarse mientras uno de los procesados no esté presente, ya sea de manera física o mediante conexión telemática.
¿Qué señala la esposa de Bucaram?
El hábeas corpus presentado por Pulley será tramitado en Guayaquil.
En la acción, la esposa del expresidente señala que Bucaram, de 74 años, permanece ingresado en la Clínica Borja, ubicada en la ciudadela Kennedy Norte. Añade que, durante las últimas dos semanas, ha sido atendido también en otras dos casas de salud: InterHospital y OmniHospital.
Según el documento, el martes 25 de agosto Bucaram fue sometido a una cirugía cardiaca y los médicos le prescribieron reposo absoluto, al menos, hasta el 24 de septiembre.
La accionante sostiene que el expresidente es “una persona adulta mayor que atraviesa una condición cardiovascular delicada”, que recientemente sufrió un episodio de síncope y que requirió una intervención para reemplazar un dispositivo cardiaco. Añade que, tras la cirugía, recibió una prescripción de 30 días de reposo absoluto y que ha requerido nuevas atenciones hospitalarias.
Un caso de seis años
La Fiscalía General del Estado (FGE) acusa al expresidente, a su hijo y a otras dos personas de «colaborar, entre marzo y agosto de 2020, con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos por la comercialización de 21 000 pruebas para la detección de covid-19 y otros insumos médicos, durante la emergencia sanitaria».
De acuerdo con las investigaciones, dos israelíes, uno de ellos asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral, habrían sido los encargados de movilizar las pruebas bajo custodia de agentes de tránsito hacia la casa del exmandatario, quien «también almacenó otros insumos médicos, como mascarillas y lancetas para la toma de muestras».
Jacobo Bucaram «pagó 321 600 dólares en efectivo por esta mercadería», de acuerdo al testimonio que dio el extranjero antes de ser asesinado y que fue citado por la Fiscalía durante el juicio.
La FGE también señaló que algunos de los implicados fingieron pertenecer al cuerpo diplomático y a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) para movilizarse.
En total, cincuenta personas, entre peritos y testigos, testificaron en este juicio, que inició el 11 de abril del año pasado, después de varios diferimientos registrados desde 2022.
El delito de delincuencia organizada se sanciona con hasta 10 años de prisión, pena que puede aumentar con agravantes.
Otros dos agentes de tránsito, que eran escoltas de seguridad presidencial, ya fueron sentenciados por este caso y recibieron penas reducidas tras aceptar los hechos imputados.
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