Juez posterga resolución sobre revisión de medidas cautelares en caso Metástasis | Política | Noticias

La tarde del lunes 6 de mayo se reinstaló la audiencia de revisión de medidas solicitadas por seis procesados del caso Metástasis. Se escucharon los alegatos de las defensas de los acusados, quienes en su mayoría rebatieron las medidas reales pedidas por la fiscal general Diana Salazar, quien el jueves pasado, cuando inició la audiencia, solicitó la retención de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles por un monto de $ 5,2 millones de dólares ($ 100.000 por cada procesado), esto con el fin de garantizar una posible reparación integral.

La diligencia se realizó tanto de manera presencial en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) como de manera virtual. La fiscal Diana Salazar, así como algunos procesados y sus abogados, se conectaron por vía telemática. El juez Felipe Córdova no dio a conocer su resolución este día.

La mayoría de las defensas argumentaron que no existen nuevos hechos o elementos, ni fundamentos que sustenten la pretensión de la Fiscalía. Manifestaron que el pedido es extemporáneo; que un informe policial no es suficiente para validar las medidas reales; que la información de la Fiscalía está incompleta y que tampoco se justificó cómo se estableció la cantidad de dinero señalada como posible reparación.

Otros abogados explicaron que sus clientes no son propietarios de los bienes que apunta la Fiscalía, por tanto no pueden ser enajenados. Por ejemplo, algunos de los procesados indicaron los vehículos en los que se movilizaban no les pertenecen porque fueron adquiridos con reserva de dominio; otros indicaron que los bienes inmuebles están hipotecados.

Uno los que intervinieron fue Geovan Crespo, abogado del exasambleísta Ronny Aleaga. Expresó que el pedido de revisión de medidas cautelares reales “resulta o se torna infundado, anticipado y excesivo” y que además “es desproporcionado”.

Crespo manifestó que el informe en el que se basa la Fiscalía debe contar con una determinación y certeza absoluta. No obstante, dijo el jurista, dicho informe “refleja contradicciones, mas no aciertos” y no aporta hechos nuevos y relevantes.

Añadió que debería haberse establecido una determinación correcta del monto de reparación integral, lo cual no ha sido evidenciado, dijo Crespo y pidió al juez de la causa que se niegue el pedido.

El abogado Leandro Toledo, defensor de Mayra Salazar, no se opuso a las medidas reales solicitadas por la fiscal general. El jurista dijo que su clienta fue la primera persona en solicitar cooperación eficaz dentro del caso, por su arrepentimiento con los actos que cometió.

El defensor de Daniel Salcedo, por su parte, mencionó que los $ 5,2 millones fijados por Fiscalía serían por el perjuicio económico de la causa de lavado de activos, por el que se detuvo a Leandro Norero en mayo de 2022.

Por ello, según el abogado, la “Fiscalía está pidiendo doble reparación integral en dos casos totalmente diferentes”. Lo dijo en referencia a que la causa por lavado de activos es distinta al proceso por delincuencia organizada que se investiga en el caso Metástasis.

Agregó que la Fiscalía no posee ningún elemento que verifique que el perjuicio en la causa por delincuencia organizada sea de $ 100.000 para cada procesado.

Luego de escuchar los alegatos de las defensas, el juez Felipe Córdova consultó a la fiscal general si no se ha solicitado medidas sobre bienes de los procesados: Xavier J., Fernando G., Katherin G., Ángel L., Carlos M., Doris O., Ronny T. Zoyla G.

La fiscal Diana Salazar explicó que se requirió las medidas cautelares sobre las personas que, mediante el parte policial, mantienen cuentas y bienes en el Ecuador. Con ello, el juez confirmó no se pidieron medidas cautelares sobre bienes de las personas antes mencionadas.

La titular del Ministerio Público replicó los argumentos de los abogados e insistió en su solicitud. “Han cambiado las circunstancias, toda vez que cuando se formuló cargos la Fiscalía no tenía el sustento, el detalle de aquellos vienes sobre los cuales ahora estamos solicitando estas medidas. Y por su puesto que son hechos nuevos, que la situación ha cambiado, porque ahora se presenta el detalle de cada uno de los bienes que han podido ser identificados”, afirmó Diana Salazar e indicó que en la Agencia Nacional de Tránsito se registra la propiedad de varios vehículos que los procesados dicen que no les pertenecen.

Al cabo de casi dos horas de audiencia, el juez Felipe Córdova suspendió la diligencia para evaluar los argumentos y documentos expuestos por las partes. Dijo que más adelante se anunciará la fecha y hora para la reinstalación y dar a conocer su decisión.

En su resolución, el juez no solo determinará si acoge o no el pedido de medidas reales de la Fiscalía sino que también se pronunciará sobre las solicitudes de revisión de medidas cautelares de los seis procesados.

Entre quienes pidieron cambiar la prisión preventiva por medidas alternativas como uso de grillete o presentación periódica ante autoridad competente están Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y Hélive A., alias Estimado, quien fue abogado y administrador de los bienes del narcotraficante asesinado Leandro Norero. (I)